MEXICO: Tratado perjudica trabajo

1 de junio de 2006

Adital - La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) hizo público el informe de una misión de encuesta internacional sobre las repercusiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) en los derechos humanos. La conclusión es que el TLCAN ha causado un negativo impacto en las condiciones laborales y en la industria nacional de México. "La capacidad de producción de manufactura nacional se ha desmantelado y la industria agrícola se ha destruido", afirma el documento, que puede verse en la dirección http://www.fidh.org/IMG/pdf/Mx448e.pdf FIDH.

Según la agencia Servindi la misión de encuesta realizada en México entre el 22 y el 31 de agosto del 2005 fijó una atención particular a los efectos del TLCAN sobre el empleo y las condiciones de trabajo en el norte del país, en particular en las maquilas y en la economía informal, después de una década de entrada en vigor. Presentado como el impulsor del crecimiento económico y del desarrollo el TLCAN ha causado un considerable impacto en los niveles económicos de integración de México en América del Norte, haciendo posible que el país se convierta en el segundo socio comercial de Estados Unidos.

Sin embargo, a consecuencia de la apertura de las fronteras la capacidad de producción de manufactura nacional se ha desmantelado y la industria agrícola se ha destruido. Por estos cambios estructurales la economía nacional se está transformando en una economía de consumo, muy dependiente de las empresas estadounidenses. El Tratado benefició sobre todo a las maquilas, para las cuales fueron invertidos muchos capitales estadounidenses y canadienses después de la entrada en vigor del TLCAN, lo que favoreció su auge.

Los principales beneficiarios del Tratado son las grandes empresas transnacionales mientras que los efectos sobre el empleo y los salarios fueron muy desfavorables a los trabajadores mexicanos. La principal ventaja competitiva de México en el marco del TLCAN está en el mantenimiento de salarios bajos y las condiciones precarias de trabajo, así como en el control de los sindicatos.

El informe evidencia que la destrucción de la actividad agrícola alentó las familias a instalarse en las zonas urbanas, en condiciones de pobreza extrema. Las primeras víctimas son las mujeres y los niños, a menudo menores de 16 años, contratados por empresas transnacionales para trabajar en las maquilas con condiciones agotadoras, para salarios extremamente bajos.

El informe examina en particular la situación en Ciudad Juárez, ciudad-fronteriza en el norte de México, donde violaciones recurrentes de los derechos de los trabajadores fueron certificadas por los encargados de la misión de la FIDH. La sistemática transgresión de los derechos de asociación, por causa de la estructura propia del sindicalismo en México, se encuentra en el centro del problema de las violaciones de los derechos fundamentales en el trabajo.

Aunque existe un movimiento naciente de sindicalismo independiente, los sindicatos oficiales o los sindicatos blancos (sindicatos creados en su totalidad por las empresas pero inexistentes en los hechos) ejercen un monopolio sindical en la mayoría de las empresas. Las actividades de los sindicatos oficiales son influenciadas de manera importante por los políticos locales, cuyo objetivo es captar nuevos inversores, en detrimento de los derechos de los trabajadores. Por su parte, los sindicatos blancos permiten a la empresa fingir el respeto de los estándares internacionales, pero de hecho son inexistentes y no tienen ninguna responsabilidad. Además, la violenta represión de los derechos de los trabajadores por sus propios representantes sindicales es moneda corriente.

La FIDH recomienda a las autoridades mexicanas que reformen el derecho laboral pero con el fin de asegurar la protección de los trabajadores y, sobre todo, aumentar el monto de los sueldos hasta un nivel que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades, promover un mecanismo eficaz e independiente para la protección y la aplicación del derecho laboral, y asegurar la independencia, la representatividad y la transparencia de los sindicatos.