La ofensiva antisindical del APRA

Tres temas vienen marcando el debate político nacional: a) El tema de los derechos humanos y el fallo de la CIDH; b) La ofensiva del gobierno contra el SUTEP y c) Los tropiezos del TLC y el relevo de Hernando de Soto.

El encaramiento de estos temas ha puesto de manifiesto las contradicciones en el seno del APRA y le ha abierto varios frentes de oposición al gobierno. De un lado Del Castillo, Cabanillas y Velásquez Quesquén al lado de García defendiendo las posiciones más reaccionarias y pro fascistas y de otro Valle Riestra, Negreiros y Mulder discrepando en temas como el acatamiento del fallo de la CIDH, la pena de muerte para los terroristas y el enfrentamiento con los maestros.

El gobierno se ha abierto enemigos en su propio campo neoliberal, al responsabilizar al Gobierno de Toledo del fallo de la CIDH por haberse allanado parcialmente y reconocer que durante la dictadura fujimorista hubo efectivamente terrorismo de Estado y que el dictador Fujimori cometió flagrantes actos de violación de los derechos humanos, como los del penal Castro Castro en donde se realizaron ejecuciones extra judiciales y violaciones sexuales y asesinato de mujeres procesadas que estaban bajo la custodia del Estado.

Pretender ahora desacatar el fallo, denunciar el pacto de San José con los mismo argumentos que usó el fujimorismo, lo que significa limpiar a fujimori y abonar a su favor en el proceso de extradición, cuando debería ser todo lo contrario usando el fallo de un tribunal supra nacional como prueba irrefutable de sus delitos

En tal sentido la acusación constitucional de Velásquez Q. contra Toledo y su ex - Ministro Tudela resulta una torpeza que coloca al APRA de escudero del fujimorismo en un pacto infame de mutuas impunidades.

Es mas, también se ha abierto brechas con los intelectuales, incluyendo a Vargas Llosa que se han pronunciado en contra de las posiciones del APRA y con la CVR cuyo Presidente ha dicho que se manipula el fallo poniendo cínicamente por delante el costo de las reparaciones económicas para esconder la cuestión de fondo que es el reconocimiento que Fujimori cometió crímenes de lesa humanidad que el Estado peruano está obligado a reparar

Golpe autoritario del gobierno contra el movimiento sindical

Por otro lado el SUTEP viene siendo objeto de una sucia campaña orquestada por el gobierno, la derecha y los medios de comunicación, que claman por la desaparición del SUTEP, una de las más importantes bases de la CGTP. El diario El Comercio dice sin tapujos; “es imposible que el Estado constitucional, democrático y liberal coexista con el SUTEP extorsionador, comunista y subversivo” y frente al fracaso de la evaluación dice “es necesario distender la relación gobierno magisterio, pero la guerra política debe seguir hasta la desaparición del SUTEP”. (El Comercio13-01-07).

Frente a ello no cabe ningún tipo de vacilaciones ni engaños, la puntería está dirigida contra el movimiento sindical, tal como lo advertimos oportunamente. Hoy se golpea en la cabeza del SUTEP, mañana con seguridad será contra otros gremios y la CGTP. Por ello independientemente de nuestras apreciaciones con la dirección del SUTEP lo que corresponde es una posición de principios y no permitir fisuras en la defensa de la organización sindical.

Lo que se pretende es responsabilizar a los maestros del fracaso de la educación como se responsabiliza a los trabajadores sindicalizados por la falta de trabajo supuestamente por que los derechos laborales son un obstáculo para la generación de empleo. Esa es una posición ideológica y política reaccionaria que en el caso del magisterio apunta a la destrucción de la organización sindical magisterial para luego aplicar sin tropiezos la privatización de la educación que ordena el BM.

En ese mismo sentido el recorte abusivo, irracional e ilegal de las licencias sindicales es un grave atentado al ejercicio efectivo de los derechos de sindicalización y negociación colectiva. Viola derechos constitucionales, la ley de Relaciones Colectivas (DS-010-2003-TR, art. 32), la ley del magisterio y la recomendación 143 de la OIT.

Esto constituye una grave advertencia a las organizaciones sindicales y un nefasto precedente que de no encontrar resistencia y rechazo enérgico de las más diversas organizaciones sindicales y una denuncia a nivel internacional, con seguridad se extenderá como norma a todo el movimiento sindical. Cabe pues dar una respuesta enérgica y de masas para ponerle coto.

Igualmente se atenta contra la organización magisterial cuando se suspende los descuentos por planilla de los aportes a la Derrama Magisterial, el enjuiciamiento de dirigentes y la denigración verbal a los maestros de parte del Presidente García.

Ofensiva patronal contra las conquistas laborales

Todo ello se suma a la ofensiva desplegada por los voceros de los empleadores no sólo para mantener la legislación laboral vigente, impidiendo la aprobación de la Ley General del Trabajo, la mediatizada ley de libre desafiliación de las AFPs, etc., sino para extender los regimenes de excepción, con derechos recortados a un amplio segmento de medianas y pequeñas empresas con lo cual se perderían conquistas laborales y se precarizaría aun mas el escaso trabajo existente.

Finalmente otro revés para el gobierno de García ha sido el anuncio que el TLC no sería aprobado por el Congreso norteamericano sino no se modifica el capitulo laboral. Esto vuelve a colocar el debate del TLC en primer plano y amerita que nuestro gremio y la CGTP, tomen posición sea por la revisión o por el rechazo total al TLC.

En síntesis estamos ante un proceso de endurecimiento del gobierno frente a los trabajadores y que hay un retroceso notorio en materia de lucha contra la corrupción y violación de los derechos humanos, haciéndose más evidente la alianza del APRA y el fujimorismo.

El gobierno expoliado por la derecha más reaccionaria exige más concesiones y privilegios, impunidad frente al pasado y la liquidación de todo signo de oposición social o política

Esta situación demanda reajustar y priorizar a la CGTP y a todo el movimiento sindical un plan de acción inmediata que incluya el tema de derechos humanos, una enérgica respuesta frente a la ofensiva antisindical y retomar la denuncia al TLC.